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| John Garrido en la cabina de la Z101. |
En el proceso de allanamiento y cierre simultáneo de varias clínicas en la provincia Santo Domingo Este dispuesto por el Ministerio Público se cometieron tres errores que en buen derecho obligarían a las autoridades a reabrir los centros de salud por el incumplimiento del debido proceso.
La explicación es del jurista John Garrido, quien durante su participación en la Receta Médica de la Z indicó que el primer error fue que la investigación se hizo pública en su fase preparatoria.
“Desde el punto de jurídico un proceso que empieza mal termina mal, ningún caso de investigación por delito debe ventilarse a la luz pública en la fase de investigación o preparatoria porque la ley establece que es privado”, explicó.
Asevera que en cualquier país, con un error de esa naturaleza en cualquier proceso es anulable. Asegura que no solo viola el proceso, sino que esa es la razón por la que los procesos se caen en los tribunales, así está manifiesto en el Código de Procesal Penal.
“No es que no se investigue, es que se cumpla con el protocolo legal y eso es lo que pasa en nuestro país, que provocan que los casos judiciales se caigan”, indicó.
La clausura
Otro error cometido fue la forma en la cual fueron clausurados los centros. Según Garrido en la orden de clausura no se establece por qué tiempo deben ser clausuradas esas clínicas: “Se cerraron después de la 6 de la tarde, para hacerlo a esa hora, la orden de clausura debe expresar la orden de un juez otorgando el permiso y no lo establece”.
El tercer punto procedimental que fue violentado fue que en la orden de clausura debe ser temporal, según el Código, sin embargo en el documento de la Fiscalía no se explica por cuánto tiempo.
Además lo que se investiga es un hecho penal, no administrativo, por lo que el jurista no entiende los motivos por los que en el expediente se menciona la violación a la Ley de Salud Pública.
“Veo en la investigación que se le imputa a los centros la violación de la Ley de Salud Pública, pero, no sé que hace ahí porque se investiga un homicidio y la ley de Salud establece cierre temporal y definitivo pero por infracciones de orden administrativo, no de orden penal (…), no se cumplió el debido proceso”.
Garrido entiende que por todas esas razones en el cierre de las clínicas hubo violación en los procedimientos.