“Si el defensor público no cumple con su desempeño, tanto el juez como cualquier persona pueden tramitar su denuncia ante la oficina de Control del Servicio”.
SANTO DOMINGO.- Participación Ciudadana se postuló a favor de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) en las acusaciones recibidas por el representante de los abogados, Miguel Alberto Surun Hernández, de obtener privilegios en el sistema de defensa penal.
La coordinadora del movimiento cívico, Josefina Arvelo, señaló que el Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) debería aprovechar la fortaleza de la ONDP para capacitar a sus miembros y fortalecer sus capacidades para la defensa penal.
Manifestó en que Surun Hernández debiera coadyuvar a la coordinación y cooperación interinstitucional para fortalecerse ellos y la propia ONDP. “Consideramos que no está fortaleciendo el sistema de defensa penal con sus actuaciones, declaraciones y acusaciones”, aseguró.
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| Foto: Carmen Suárez/Acento.com.do / Miguel Surun Hernández, presidente CARD. |
Consideró que, al ser el presidente del CARD miembro del Consejo de la ONDP, cualquier situación que él identifique, debe ser tratada tanto en el Consejo de la ONDP o tramitar su denuncia acompañada de las pruebas ante la Oficina de Control del Servicio, la cual se encarga de investigar todas las denuncias de los usuarios del servicio que esa institución ofrece y puede recomendar acciones disciplinarias producto del proceso de investigación”.
Arvelo destacó la función pública de la ONDP que “ofrece un servicio de asistencia legal gratuita a las personas en conflicto con la ley penal. Cumplen un mandato constitucional de garantizar la defensa penal”.
Señaló que el movimiento cívico reconoce que, en el caso del abandono por un abogado privado, el juez ordena a la ONDP la designación de un defensor público, ya que el proceso penal no puede continuar si no cuenta con un abogado defensor público o privado.
“Si el defensor público no cumple con su desempeño, tanto el juez como cualquier persona pueden tramitar su denuncia ante la oficina de Control del Servicio”, agregó.
De igual manera, añadió que “el abandono se sanciona y corresponde al juez tomar los correctivos de lugar según lo establece el Código Procesal Penal”.