Desde los tiempos de la antigua CDE – antes de su privatización en el 1999 – la distribución de electricidad era significativamente ineficiente en todo el país. Durante el breve experimento de Unión Fenosa y AES a principios de la reforma, las distribuidoras tampoco dieron pie con bola y tuvieron un ruinoso final en manos privadas.
La situación de la distribución eléctrica se ha agravado a lo largo de 12 años corridos de abundante “subsidio” estatal y sistematico uso clientelista de sus activos y puestos de trabajo. Hoy las distribuidoras, las tres juntas, a pesar de su quiebra financiera, declaran gastos “operacionales” de 351.4 millones de dólares al año (16 mil 164 millones de pesos).