¿Eléctricas o políticas?

Desde los tiempos de la antigua CDE – antes de su privatización en el 1999 – la distribución de electricidad era significativamente ineficiente en todo el país. Durante el breve experimento de Unión Fenosa y AES a principios de la reforma, las distribuidoras tampoco dieron pie con bola y tuvieron un ruinoso final en manos privadas.
La situación de la distribución eléctrica se ha agravado a lo largo de 12 años corridos de abundante “subsidio” estatal y sistematico uso clientelista de sus activos y puestos de trabajo. Hoy las distribuidoras, las tres juntas, a pesar de su quiebra financiera, declaran gastos “operacionales” de 351.4 millones de dólares al año (16 mil 164 millones de pesos).

Sin embargo, según un estudio realizado por la firma consultora chilena Ingenieros y Economistas Consultores (INECON) – contratada por la Superintendencia de Electricidad para elaborar la propuesta de tarifa técnica que debió entrar en vigor este año-, tres empresas distribuidoras eficientes realizarían el mismo trabajo de Edenorte, Edesur y Edeeste con tan solo 121.4 millones de dólares de gastos de operacion.
De igual manera, el gasto de personal actualmente es de 93.2 millones de dólares al año y según el estudio citado dicho renglón no debería superar los 39.2 millones de dólares.

Finalmente, nuestras distribuidoras tienen 7 mil 772 empleados, mientras que tres empresas distribuidoras eficientes – según INECON – tendrían solo 1833 empleados para realizar el mismo trabajo.

Las distribuidoras dominicanas, atiborradas de “trabajadores”, solo atienden 269 clientes por empleado, mientras que las empresas eficientes serian capaces de atender 1500 clientes por empleado.
Supongamos que la firma INECON se olvido de que República Dominicana no es Chile, y que la comparación debió realizarla con empresas no tan eficientes como las de su modelo; aun así, si se hiciera el ejercicio de reducirle el porcentaje de eficiencia a las distribuidoras eficientes se comprobaría que la diferencia con nuestras distribuidoras reales seguiría siendo escandalosa.
Lo que ha sucedido es que Edenorte, Edesur y Edeeste hace tiempo que no parecen empresas de un mercado, del eléctrico, sino que operan como empresas de otro mercado, el mercado político dominicano. Se han convertido en parte relevantes de la plataforma clientelar que contribuye a la reproducción de la hegemonía del PLD en el poder político.

Sus casi 8 mil empleos regionalmente distribuidos, y sus más de 350 millones de dólares en gastos y subcontrataciones discrecionales las han transfigurado en una tremenda fuente de acumulación originaria y de soporte electoral en cada coyuntura. Por esas razones, a pesar de sus elevadas cotas de pérdidas de energía, las distribuidoras siguen siendo financieramente blindadas por el subsidio del gobierno central, y administrativamente intocables e impunes, gracias la protección del poder político. Son empresas blindadas de todo riesgo y con una ruta bastante indiferente – inmutable — respecto a lo que planeen, dialoguen y digan la Ley 125-01 y los demás agentes del sector eléctrico, Punta Catalina incluido.

¿Eléctricas o políticas?

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